La derecha judicial va a por todas
CARLOS Elordi
Está en marcha una nueva ofensiva de la derecha judicial. Equiparable, por su calado, a la que desencadenó para echar a Felipe González del Gobierno. Porque lo que se dice lejos de los micrófonos es que, además de echar a Baltasar Garzón de la carrera judicial, lo que esta vez se pretende es anular todo el proceso Gürtel o, cuando menos, impedir que salpique al PP y a cualquiera de sus cargos. Parece imposible. Con todo lo que se sabe, con todo lo que han reconocido los protagonistas del escándalo. Pero el antecedente del caso Naseiro, en el que también se desveló hasta el detalle una trama de financiación ilegal del PP que implicaba a algunos de sus máximos dirigentes, anima a sus promotores a repetir el experimento.Un fallo técnico del juez de entonces sirvió para archivar la causa. Ahora, como no es del todo seguro que las grabaciones judiciales de las conversaciones de los abogados del caso Gürtel con sus clientes terminen siendo declaradas ilegales, aunque podría ocurrir, de lo que se trata es de machacar a quien las ordenó. De paso, aunque posiblemente este sea el móvil primero de algunos magistrados, se daría una lección inolvidable a quien osó reabrir la causa pendiente de los crímenes del franquismo.
Parece mentira, pero las cosas pueden acabar así. Porque la derecha judicial, tal y como ha denunciado el fiscal Villarejo, manda en los órganos cruciales del sistema. La maniobra para que se perpetuara en los mismos que se diseñó durante el mandato de José María Aznar ha dado ese fruto y José Luis Rodríguez Zapatero no ha sabido impedirlo. El ministro Fernández Bermejo parecía decidido a hacerlo. Pero los mismos que hoy se ceban con Garzón, medios de comunicación incluidos, se lo cargaron. Él contribuyó a lograrlo con sus injustificables deslices.
Y la contundencia con que ha respondido el Consejo General del Poder Judicial –presidido por un Carlos Dívar que Zapatero escogió personalmente– a la tímida defensa del historial de Garzón que ha hecho el presidente del Gobierno sugiere que, como no se monte un contrataque de mucho más fuste, se pueden llevar al gato al agua.
