MAL HIPOTECADOS

XAVIER FEBRÉS
Una patada a la avaricia del sector bancario como responsable de la actual crisis económica le ha atizado sin reparos, esta semana, el ministro socialista de Trabajo y alcalde de L’Hospitalet de Llobregat durante 14 años, Celestino Corbacho. Desde su actual cartera le toca hacerse cargo de la cantidad más elevada de parados reconocidos en la reciente historia económica española. Refiriéndose a la facilidad con que se concedieron créditos a la patronal del ladrillo e hipotecas al 120% del valor de tasación de los pisos, Corbacho opina que la banca privilegió la financiación en sectores «a corto plazo y altos beneficios, en lugar de sectores estratégicos de mayor recorrido. Me gustaría –añade el ministro– que algún responsable del sector financiero dijera algún día: ‘Ganamos mucho dinero en esa época, pero probablemente nos equivocamos’. No estaríamos aquí si no hubiera habido un modelo de avaricia financiera como la que hemos tenido». Que las verdades más básicas afloren en los labios de los dirigentes del país resulta gratificante, pero no resuelve la situación ni entra en matices también básicos, por ejemplo la autocrítica sobre la parte de responsabilidad de cada cual, incluido el Gobierno. El furor inmobiliario nos ha dejado a todos mal hipotecados. El próximo 8 de octubre se cumplirán dos años del Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016, uno de los proyectos más ambiciosos del actual Govern de la Generalitat, que el conseller Francesc Baltasar definió como «la hoja de ruta para resolver el principal problema del país». Después de los dos primeros años de aplicación, habría que saber en qué se ha traducido y saberlo con la misma claridad que las palabras del ministro. A la espera del balance, el Consejo de la Juventud de España ha avanzado que hoy un joven español debería destinar el 85’9% del salario medio para acceder a la compra de un piso, si consigue un crédito hipotecario a 25 años. Esta proporción sube hasta el 96’7 % del salario en lo que se refiere a los jóvenes de Catalunya, donde los pisos son más caros. Las administraciones recomiendan que nadie destine más del 30% o el 35% de sus ingresos a pagar la vivienda, lo que es un objetivo prácticamente imposible. Las declaraciones del ministro Corbacho han incidido nuevamente en un hormiguero especialmente sensible, que yo también calificaría de principal problema del país.