Los cambios en el derecho de familia
Repartir por igual entre los padres separados el tiempo que deben tener a sus hijos perjudica a estos
Lidia Falcón Abogada
Durante la larga lucha que libramos en defensa de los derechos de la mujer, las feministas pensamos que cada nueva reforma legal y cada modificación de la conducta social era un avance irreversible en el progreso de nuestro país y en la igualdad entre los sexos. Ingenuamente no abrigamos ninguna duda sobre la irretroactividad de las derrotas que el machismo iba sumando. Por ello no imaginamos las astucias y estrategias con que nos iban a perseguir las organizaciones de hombres que siguen siendo irreductibles contra el feminismo. Astucias enormemente ingeniosas, entre las que se cuenta la reivindicación de la custodia compartida de los hijos menores en los casos de divorcio. Una reclamación insólita en un país en el que, según todas las estadísticas, la mayoría de los padres siguen sin responsabilizarse del cuidado de los niños y a los que acometen repentinamente unos irreprimibles impulsos de limpiar bebés, cocinar para ellos y atenderlos de noche en cuanto la madre plantea el divorcio.
La estrategia de reclamar que el hijo esté el mismo tiempo con el padre que con la madre, mediante el invento de que el niño se traslade periódicamente de un domicilio a otro para vivir la mitad de la semana o la mitad del mes con uno y la otra mitad con la otra, con la excusa de sentir un ataque amoroso hacia el menor nunca vivido hasta entonces, ha tenido muy rentables consecuencias para los maridos divorciados. En primer lugar se eliminan, o se reducen sensiblemente, las pensiones alimenticias de los hijos que debían pagarse a la esposa, ya que son alimentados por cada progenitor en la misma proporción de tiempo que pasan con cada uno. En segundo, y no de menos importancia, se está consiguiendo que se le exija a la mujer la división de los bienes comunes, en particular del domicilio conyugal, cuyo uso exclusivo antes se concedía por ir anejo a la custodia de los hijos, y se le adjudique al padre o se venda. En definitiva, los hombres de este jaez han convertido en un negocio la reclamación de la custodia compartida.
Pero lo más grave, que ahonda la injusticia, es que los legisladores de diversas comunidades -Aragón ha sido la primera, seguida de Catalu-
nya y Valencia- han aprobado códigos de familia que establecen obligatoriamente la custodia compartida, incluso en los casos en que los progenitores están embarcados en una guerra sin cuartel y uno de ellos o los dos se oponen a esta medida. Por supuesto, en esta estrategia lo que no tiene importancia alguna es el bienestar del niño. Niños que viven en continuo traslado de domicilio y de habitación y que no consideran suyo más que la mochila en la que acarrean de una casa a la otra sus pequeñas pertenencias. Que se ven alejados media semana o medio mes de sus amigos, de su barrio, de todo aquello que les es familiar, para tener que adoptar otros sustitutivos durante el tiempo que están ausentes de su casa. Niños que, situados en el epicentro del maelstrom que han desencadenado sus padres, reciben sistemáticamente las presiones y las calumnias e insultos de uno u otro cónyuge contra el rival, cuyas diferencias ideológicas, culturales, de carácter, de comportamiento, han motivado precisamente la separación, puesto que si los progenitores son tan comprensivos y parecidos en gustos, no suelen separarse; y si lo hacen llegan ellos mismos a acuerdos menos lesivos para sus hijos, por lo que no hace falta imponérselos por orden judicial.
Esta perversa dinámica establecida por los legisladores y aprobada entusiásticamente por los jueces y fiscales se está imponiendo incluso a aquellas mujeres maltratadas y a sus hijos. En cumplimiento del criterio cada vez más extendido de que ya la igualdad ha nivelado la situación de ambos sexos, se impone el reparto idéntico del tiempo de convivencia del menor y de los bienes entre padre y madre, y cualquier oposición de la mujer a estas sentencias salomónicas, incluso aunque se trate de una víctima de maltrato, se pena con sucesivas denuncias, juicios de faltas, multas, e incluso la pérdida de la custodia y del régimen de visitas, situación que se está repitiendo en diversos casos.
Ha sido inútil que la Federación de Mujeres Juristas de Catalunya presentara ante el Parlament y la Generalitat un documentado informe sobre la custodia compartida, explicando ponderadamente los perniciosos efectos que tal medida tiene sobre los menores, para impedir que se aprobara en la nueva redacción del Codi de Familia. Los sabios legisladores -y también sabias legisladoras- conocen mejor que nadie, mejor que las madres, y por supuesto que las feministas que llevamos medio siglo trabajando los temas de la mujer, lo que conviene a los niños y a los padres, y en consecuencia la custodia compartida se está convirtiendo en imperativo legal, que ya casi lo es judicial. Porque el patriarcado sigue vigente -desde el feminismo apenas hemos conseguido resquebrajarlo- y su ley sigue imponiéndose, ahora que vivimos un peligroso retroceso social hacia comportamientos y valores reaccionarios, con una renovada virulencia.
Pero lo más grave, que ahonda la injusticia, es que los legisladores de diversas comunidades -Aragón ha sido la primera, seguida de Catalu-
nya y Valencia- han aprobado códigos de familia que establecen obligatoriamente la custodia compartida, incluso en los casos en que los progenitores están embarcados en una guerra sin cuartel y uno de ellos o los dos se oponen a esta medida. Por supuesto, en esta estrategia lo que no tiene importancia alguna es el bienestar del niño. Niños que viven en continuo traslado de domicilio y de habitación y que no consideran suyo más que la mochila en la que acarrean de una casa a la otra sus pequeñas pertenencias. Que se ven alejados media semana o medio mes de sus amigos, de su barrio, de todo aquello que les es familiar, para tener que adoptar otros sustitutivos durante el tiempo que están ausentes de su casa. Niños que, situados en el epicentro del maelstrom que han desencadenado sus padres, reciben sistemáticamente las presiones y las calumnias e insultos de uno u otro cónyuge contra el rival, cuyas diferencias ideológicas, culturales, de carácter, de comportamiento, han motivado precisamente la separación, puesto que si los progenitores son tan comprensivos y parecidos en gustos, no suelen separarse; y si lo hacen llegan ellos mismos a acuerdos menos lesivos para sus hijos, por lo que no hace falta imponérselos por orden judicial.
Esta perversa dinámica establecida por los legisladores y aprobada entusiásticamente por los jueces y fiscales se está imponiendo incluso a aquellas mujeres maltratadas y a sus hijos. En cumplimiento del criterio cada vez más extendido de que ya la igualdad ha nivelado la situación de ambos sexos, se impone el reparto idéntico del tiempo de convivencia del menor y de los bienes entre padre y madre, y cualquier oposición de la mujer a estas sentencias salomónicas, incluso aunque se trate de una víctima de maltrato, se pena con sucesivas denuncias, juicios de faltas, multas, e incluso la pérdida de la custodia y del régimen de visitas, situación que se está repitiendo en diversos casos.
Ha sido inútil que la Federación de Mujeres Juristas de Catalunya presentara ante el Parlament y la Generalitat un documentado informe sobre la custodia compartida, explicando ponderadamente los perniciosos efectos que tal medida tiene sobre los menores, para impedir que se aprobara en la nueva redacción del Codi de Familia. Los sabios legisladores -y también sabias legisladoras- conocen mejor que nadie, mejor que las madres, y por supuesto que las feministas que llevamos medio siglo trabajando los temas de la mujer, lo que conviene a los niños y a los padres, y en consecuencia la custodia compartida se está convirtiendo en imperativo legal, que ya casi lo es judicial. Porque el patriarcado sigue vigente -desde el feminismo apenas hemos conseguido resquebrajarlo- y su ley sigue imponiéndose, ahora que vivimos un peligroso retroceso social hacia comportamientos y valores reaccionarios, con una renovada virulencia.
