OKUPAS Y DESOKUPAS

 

Según la constitución española, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna (y a la salud y al trabajo, a la educación y a la justicia), amparándose a este “derecho fundamental” unos grupos mafiosos y por un “módico precio” te localizan un piso vacío, fuerzan la puerta y sustituyen la cerradura, puentean el sistema eléctrico y ya puedes disfrutar de tus “derechos constitucionales” sin que te importe si los inquilinos están de vacaciones, en el hospital por larga enfermedad o en un asilo de ancianos.

Una vez que los propietarios descubren la ocupación y dado que la vía legal puede tardar un año es proceder al desahucio, la empresa “desocupa” previo acuerdo en sus honorarios y por un precio en función del valor de la finca, derribará la puerta y vaciará la vivienda arrojando todo a la calle, incluyendo ancianos, niños y minusválidos.  Lógicamente, los servicios de desokupa los requieren principalmente entidades bancarias y fondos buitres dispuestos a pagar lo que sea con tal de librarse de inmediato de tales parásitos.

Estoy de acuerdo en que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, pero es el estado quien debe hacerse cargo construyendo viviendas de protección oficial y no un pequeño propietario que ha invertido muchos de su vida para complementar su pensión o asegurar una vivienda para sus hijos.

En ambos casos es el estado el responsable de hacer justicia y no dejar en manos de las mafias la gestión de un derecho fundamental, lo que está claro es que mientras este no asuma sus responsabilidades la vivienda seguirá siendo un coto de caza para mafias y matones  y como siempre, el ciudadano que paga sus impuestos será el gran perjudicado. Ya sé que lo mas seguro es poner una puerta acorazada y un sistema de alarma centralizado de tal manera que a los pocos minutos del asalto, la policía habrá procedido al desalojo, pero el coste del sistema no está al alcance de todos y como nos recuerda Orwell  “Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros”