Un estado que consiente la okupación con la excusa de que todo español tiene derecho a una vivienda es tan patético como quien desentierra a un cadáver para enterrar a otro.
La obligación de un estado que se dice democrático y constitucionalista es asegurar que el derecho a la vivienda deje de ser una utopía y se convierta en una realidad y para ello debe potenciar la construcción de pisos protección oficial y ofrecerlos en alquiler a unos precios y condiciones que permitan a nuestros jóvenes fundar un hogar, tener hijos y asegurar la transición generacional.
El capitalismo ha dejado la sanidad, la vivienda, la educación y la justicia en mano de la iniciativa privada, pero entregar los derechos básicos a los especuladores es un genocidio camuflado que clama soluciones y responsabilidades urgentes.
Mientras las mafias okupan hogares, los jueces ordenan desahucios de familias enteras y las arrojan a la calle sin opción alguna; los fondos buitre han convertido la vivienda en un latrocinio con el beneplácito de políticos, legisladores y tribunales. ¿Para qué queremos un poder legislativo que se duerme en los escaños y vota las leyes que les imponen los especuladores y las empresas de Ibex?
Todos miramos hacia otro lado mientras esta plaga no nos afecte, pero un día podemos ver ocupado nuestro hogar o ser desahuciados de nuestra casa y entonces será demasiado tarde.
