El héroe Ibrahim

Es fundamental que entendamos que tenemos la obligación de denunciar la violencia contra menores

 

Irene Boada Periodista y filóloga

  Las 57 cicatrices y dos marcas de quemaduras del pequeño Ibrahim, perpetradas por su propio padre, casi las sentí en carne propia cuando leí la noticia. No hay mayor dolor que el que se causa a un niño pequeño, y mucho peor si el dolor es causado por su propio padre. La situación pasa ya a ser macabra cuando se lleva a cabo de forma sistemática y a lo largo de los años. Es significativo que en algunos de los comentarios anónimos de la noticia en los periódicos on line, más que expresar el dolor y la impotencia que se siente ante un horror de estas características, algunos lectores echasen pelotas fuera y, una vez más, teniendo en cuenta que la familia de Ibrahim, vecina de Calaf, es de origen guineano, se referían al «problema de la inmigración».

Es fácil culpar a la inmigración, pero es absolutamente irresponsable, puesto que la violencia contra los niños también se da entre familias nativas catalanas. Cuando nos enfrentamos a un problema tan espantoso, es mucho más fácil culpar a otros que responsabilizarse de la situación y admitir que nuestra sociedad no dispone de mecanismos suficientes para la prevención y protección de menores. La culpa de las 57 cicatrices es, en parte, nuestra, puesto que no hemos sabido crear las medidas suficientes para prevenir barbaridades de estas características en nuestro país. Tuvo que ser el propio Ibrahim, solo, con únicamente 9 años, quien se dirigió a un policía para denunciar la pesadilla que estaba viviendo. No fue ningún maestro, ni ningún médico, ni ningún asistente social. Ante un hecho de estas características, uno se da cuenta de que, verdaderamente, los héroes no son los supermanes de las películas norteamericanas. Los auténticos héroes son los pequeños Ibrahims del mundo para los que la vida es mucho más difícil, casi imposible, pero que en su soledad intentan sobrevivir.
Nuestra sociedad ha frivolizado el maltrato y socialmente está aceptado incluso hacia los niños. La violencia es un fenómeno reiterativo en cualquier programa televisivo, incluso en los infantiles y, curiosamente, la gente no se rebela. Tenemos que ver agresiones aunque no queramos. Los juegos informáticos están llenos de violencia y seguimos sin tener una protesta social firme. No solo la violencia física hace daño, también el modo de dirigirse a la gente, las palabras duras y el tono que se usa. La prensa de este país tiene tendencia a amarillear cuando se trata de cubrir las noticias terribles de las muertes de niños, pero después no evalúa la eficacia de los métodos de prevención.
Es fundamental que entendamos que tenemos la obligación de denunciar la violencia contra menores, sea del tipo que sea, tenga el niño el origen que tenga. Sea en el ámbito familiar o en la calle. Sea en la escuela, en un centro deportivo, en la playa o en espacios de juego. La formación del personal que trabaja con menores es escasa en cuanto a su protección. Los maestros, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales... tendrían que estar permanentemente al acecho para detectar posibles irregularidades en las familias con las que tratan. Pero no solo los profesionales, también los vecinos, los familiares, los amigos. El derecho humano más básico es tener una niñez libre de violencia, y somos cada uno de nosotros los que tenemos la obligación de actuar y denunciarlo. Por otro lado, deberíamos exigir a nuestros gobiernos todas las medidas posibles para hacer frente a esta barbarie, que llega tan lejos como cobrarse vidas, a veces, de bebés. Los programas de actuación para prevenir agresiones contra niños deberían estar a la orden del día, con todas las facilidades y estrategias por complejas que fueran.
El centro neurálgico de prevención tendría que ser, obviamente, la escuela, que debería ser un centro de detección y acción sobre los malos tratos a los niños. A menudo los maestros no saben lo que tienen que hacer ante estos casos y acaban evitando la detección y haciendo la vista gorda. Al igual que en el Reino Unido, cada escuela debería tener un responsable de la protección de menores, de forma que cuando un maestro sospechase algo pudiera acudir a la persona en cuestión, que se responsabilizaría de realizar un seguimiento de la familia. Así, los maestros podrían poner la denuncia anónimamente y no sufrir por su seguridad.
El proceso para frenar la violencia es complejo, porque las agresiones a menores suelen ocurrir en el interior del hogar, pero eso no debe detenernos. Todas las organizaciones deben involucrarse y trabajar de forma coordinada: educadores, policía, trabajadores sociales, personal sanitario. Existe un teléfono, Infància Respon, que funciona pero aún es poco conocido. Y la nueva ley de derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia, que, bien intencionada, parece ser más teórica que práctica y efectiva. La elaboración de un nuevo programa decidido y eficiente para la protección de menores en Catalunya podría ser uno de los objetivos centrales del nuevo Govern.