La visión que se está transmitiendo, por la mayoría de medios de información en España, sobre la crisis del euro es que esta crisis está causada por el comportamiento irresponsable del gobierno griego, que ha gastado en exceso en su estado del bienestar, creando un déficit y una deuda pública que no son sostenibles y que han generado dudas sobre si el gobierno podrá pagar sus deudas, con lo cual la moneda que utiliza Grecia –el euro- quedará muy afectada. Ejemplo de esta lectura del euro es el artículo de Sala i Martín en La Vanguardia (17.02.10), en el que critica a Grecia (y a otros países de la eurozona mediterránea, incluyendo España) de ser responsables de la crisis de la moneda europea, debido a un excesivo gasto público, derrochado –según él- en exuberantes beneficios sociales y laborales (ver mi artículo “La crisis, ¿qué debería hacerse?” Sistema 05.03.10). En este contexto, aparecen frecuentemente los pensionistas griegos, muchos de los cuales pueden ya jubilarse a la temprana edad de 55 años. De esta lectura se deriva que la solución es que los griegos (así como los españoles, portugueses y otros mediterráneos -aunque incluyen también a Irlanda- inclinados a excesos en sus gastos públicos) se aprieten el cinturón recortando su gasto público y reduciendo sus exuberantes beneficios sociales y laborales, tal como instruyen el Banco Central Europeo (máxima autoridad monetaria de la Eurozona) y el Pacto de Estabilidad.
Hasta aquí el dogma liberal. Veamos ahora los datos. En realidad, la economía griega en los últimos quince años (hasta 2009) había sido altamente exitosa. Su crecimiento económico (medido en el PIB per capita) creció más rápidamente que el promedio de la UE. Es cierto que ahora su déficit es elevado (13% del PIB), y su deuda es también elevada (113%), aunque no mucho más elevada que la deuda que se proyecta para el 2011 para el promedio de los países de la OCDE y mucho menor que la deuda de Japón (192% del PIB). Lo que ha ocurrido en Grecia, y en la mayoría de países de la OCDE, es que la disminución de los ingresos del estado, consecuencia del descenso muy marcado de la actividad económica, ha causado el crecimiento del déficit. Lo que los liberales olvidan es que el problema del déficit se basa más en el déficit de ingresos al estado (impuestos), que en la exuberancia del gasto.
Grecia es un país pequeño (que además tiene un fraude fiscal enorme), y el gobierno conservador anterior prefirió más conseguir dinero de los bancos extranjeros que aumentar los impuestos de la gente más pudiente y así corregir el fraude fiscal. El 95% del dinero que consiguió, vendiendo bonos, fue a bancos europeos. En otras palabras, el 95% de la deuda del estado griego la tienen los bancos europeos (y muy en especial los alemanes). Estos bancos compraron los bonos griegos en masa y a precios muy reducidos. Tiene millones de euros en bonos. Estos bonos los tienen asegurados en lo que se llama Credit Defaults Swaps (CDS); lo cual quiere decir que el aseguramiento de los bonos no se basa en su precio real, sino en un precio ficticio, resultado de la especulación. De ahí las campañas de los bancos y de los hedge funds (fondos de carácter especulativo) a fin de inflar el precio de los bonos que generan un interés exorbitante de un 7% por año. Y se están forrando como consecuencia de ellos. De esto, los liberales ni hablan.
Pero este crecimiento exuberante de los intereses de los bonos lo tiene que pagar el ciudadano griego a base de ajustarse el cinturón. Y ahí está el Pacto de Estabilidad, el instrumento por antonomasia de rectitud monetaria. Lo que al ciudadano griego se le dice es que tiene que ser más austero, vivir con menos transferencias y servicios públicos y reducir sus beneficios sociales y laborales. Todo ello para que se puedan pagar a los bancos sus escandalosamente altos beneficios bancarios, basados en mera especulación. Y los bancos tienen sus propias agencias de certificación (que están en su bolsillo), que catalogan los bonos de los estados según la voluntad de los gobiernos de seguir las instrucciones de los bancos (que se llaman los mercados financieros).
Ahora bien, este descenso del gasto público está creando un enorme problema, pues acentúa más la recesión y dificulta la recuperación en todos los países de la eurozona y no sólo en los países mediterráneos (e Irlanda), sino también en los países centrales, incluida Alemania. La austeridad de gasto público (iniciada ya con las reformas Schroeder) en Alemania, junto con la falta de crecimiento de los salarios en aquel país, hace que la escasa demanda interna esté imposibilitando el estímulo económico necesario para salir de la crisis. De ahí que los círculos liberales y conservadores que gobiernan en Alemania intenten basar la recuperación económica en el crecimiento de las exportaciones. Pero el problema es que la gran mayoría de exportaciones en Alemania (2/3 partes) van a los países de la Eurozona que no están importando por las mismas razones: las prácticas de austeridad (bajada de gasto publico y de salarios), que están imposibilitando que se importen los productos alemanes. De ahí que el comercio alemán y europeo se está paralizando. En realidad, en Irlanda, donde más se han aplicado las recetas de austeridad (al igual que en Lituania), el PIB ha disminuido nada menos que un 8% (en 2009), desembocando aquel país en una profunda recesión. Un tanto igual ocurrirá en Grecia (y puede ocurrir en España si las políticas de austeridad no cambian). El paquete de ayuda de la UE a Grecia que el presidente Zapatero, Presidente de la UE, ha organizado, es una medida necesaria pero profundamente ineficiente, pues la solución a la crisis de Grecia pasa por cambios más profundos de lo que la UE está considerando, pues se necesita un giro de 180º en sus políticas, pasando de políticas liberales a políticas keynesianas de estímulo de la demanda. Cuando se creía que la crisis presente (generada por las políticas liberales) significaría el fin del neoliberalismo, resulta que, paradójicamente, estamos viendo como la mayoría de gobiernos de la UE, alentados por sus instituciones (tanto el BCE como la Comisión Europea y el Consejo Europeo) están reincorporando tales políticas.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.
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