Ineficaz y politizada
Desde las encuestas callejeras, que tienen un valor muy relativo, hasta las que elaboran los institutos de opinión públicos y privados de prestigio, cuando se pide la valoración sobre el funcionamiento de la justicia en España, hay un reflejo cada vez más extendido, aunque sea de contornos difusos: la desconfianza. Un aviso serio a uno de los poderes en que se asienta la democracia. En las razones de este distanciamiento ha reflexionado el Cercle de Economía, que ayer difundió un documentos de opinión, Los retos de la seguridad y la justicia en España, que no se anda con rodeos, incluso para advertir del daño que hace que se dude, por sistema, de las actuaciones policiales. La justicia, entendida como la aplicación rápida, eficaz y predictible de la ley por los jueces, ha de regenerarse de arriba abajo, porque hoy la opinión pública la percibe como ineficaz y politizada. Se lo ha ganado a pulso. Es oportuno porque proviene de una entidad que no es, como a veces se dice, un mero organismo empresarial: en la junta de la entidad están también profesionales, pensadores y funcionarios de élite.
Hay que ir a un pacto de Estado, es decir, de una mayoría amplia de las fuerzas políticas, para cambiar de raíz la manera de elegir al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía del Estado, que hoy aparecen como terminales de la composición del Congreso y del Gobierno. Y afrontar el corporativismo endogámico de los jueces desde hace décadas: hay que buscar fórmulas para que el ejercicio de la profesión de juez ni esté constreñida a superar pruebas de capacidad de memorización ni a reglas estrictas de promoción por escalafón. Ojalá que haya debate.
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